Al ex presidente, junto a todo su ex Gabinete de Ministros, se les sigue un Juicio de Responsabilidades en el cual están acusados de los delitos de genocidio, homicidio, lesiones graves y leves, delitos contra la libertad de prensa, allanamiento de domicilio, además de vejaciones, torturas y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

Está claro, tras un análisis profundo de lo acontecido en el sangriento derrocamiento del Presidente Sánchez de Lozada, que el Presidente es inocente de los cargos presentados en su contra, y que más bien, los que ahora cumplen función de Gobierno son culpables de innumerables crímenes cometidos durante esos días nefastos. Sin embargo, más allá de esto, el Gobierno ha violado sistemáticamente los derechos de los imputados, estipulados en el Código de Procedimiento Penal vigente, incurriendo en actos de clara y abierta persecución política de los mismos.

En página, el lector encontrará información sobre los días de Octubre, lo que realmente ocurrió, la persecución política de los integrantes del ex Gobierno, y material que demuestra que éste gobierno está en una especia de cacería de brujas de toda oposición a su proyecto totalitario hegemónico.

A continuación encontrarán un breve resumen.

Los muertos de Warisata son utilizados como bandera política por parte de Felipe Quispe y sus aliados, que denuncian una supuesta “masacre” en Warisata. Se conforma el ilegal y abiertamente sedicioso “Estado Mayor del Pueblo” integrado por Quispe, Myr. Vargas, Roberto de La Cruz, y otros dirigentes alteños y sindicales. El Estado Mayor, con el propósito públicamente declarado de derrocar al gobierno y el, según ellos, “modelo neoliberal capitalista” de gobierno, deciden aplicar el “Cerco Campesino” a la ciudad de La Paz. Quispe declara públicamente que no le importa que los residentes de esa ciudad se “mueran de hambre” y el cerco impide el ingreso de alimentos, gasolina, y otros insumos básicos para la población por el periodo de casi una semana. Ante el inminente desastre humanitario que se empieza a sentir en La Paz con la falta de alimentos, de gasolina (siquiera para las ambulancias), y el rescate y desalojo de ciudadanos extranjeros de parte de sus embajadas, el Presidente firma un Decreto Supremo que ordena a las Fuerzas Armadas a escoltar un convoy de gasolina desde la planta de Senkata en El Alto, hasta la ciudad. El Decreto no ordena una matanza, sino la defensa del convoy (altamente inflamable al ser gasolina), que es amenazada por rebeldes con armas de fuego, dinamita y cocteles molotov. (Descargar copia del Decreto Supremo aquí).

El convoy de gasolina es atacado en su trayectoria a la ciudad de La Paz y los militares hacen uso de sus armas de fuego en defensa de sus vidas y la de los rebeldes mismos que no calculan la magnitud de la explosión si una cisterna llegase a explotar. Se producen más muertos, en total se produjeron mas de 50 muertos entre civiles, militares y policías en las semanas de insurrección de Octubre de 2003. El Presidente, decide renunciar el 17 de octubre para poner fin a la crisis y asegurarse de la continuidad del sistema democrático hasta entonces vigente en el país. El vicepresidente Carlos Mesa es posesionado como Presidente de la República esa misma noche, y, bajo amenazas de los dirigentes que lideraron el derrocamiento de Goni de otorgarle el mismo destino, acepta seguir la agenda de estos grupos. Entre la agenda, está el juicio a Gonzalo Sánchez de Lozada. Evo Morales Ayma es la parte acusatoria en la demanda planteada en contra del ex Presidente.

En un claro afán político y de aplacamiento a los grupos insurgentes, El Presidente Carlos Mesa emite el Decreto Supremo N° 27237 que otorga amnistía a todos los actores de Octubre 2003 (liberando así a los causantes de la crisis, entre ellos Evo Morales, de enfrentar juicio). El Decreto es luego enmendado para especificar que la amnistía no aplica para los ex miembros del Gobierno, y sólo para los movimientos.

El Congreso Nacional luego aprueba el inicio del Juicio de Responsabilidades en contra del ex Presidente y sus ministros, lo hace bajo un cerco campesino que amenaza con quemar el Palacio Legislativo si no se aprueba. El 28 de julio de 2004, los fiscales asignados al caso, Jimmy Pareja Bonifaz, Marco Antonio Nina Rodríguez, y Fernando Cortez Flores, presentan los resultados de su investigación y recomiendan archivar el caso. También justifican el accionar de la Policía y las Fuerzas Armadas, diciendo que actuaron dentro del marco de la Constitución y las leyes y que actuaron en legitima defensa tanto de sus vidas como del Gobierno legalmente constituido. También concluyen que el uso de la fuerza fue proporcional a la violencia utilizada por los insurgentes. Sin embargo éstas conclusiones no son aceptadas por el Gobierno de Carlos Mesa ya que no apoyan la tesis defendida por él y los movimientos insurgentes. Los fiscales son destituidos y perseguidos, habiendo ellos escrito una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 1 de setiembre de 2004 en el cual denuncian la intervención y persecución política y piden protección del ente internacional.

El Gobierno de Carlos Mesa es derrocado, corriendo al final similar suerte que su predecesor, y, luego de un gobierno interino de 6 meses, uno de los principales instigadores de la insurrección y el derrocamiento tanto de Sánchez de Lozada como de Carlos Mesa es electo Presidente de la República de Bolivia. Una vez en el poder, el que fue parte acusatoria en la demanda presentada en contra de Sánchez de Lozada, es ahora Presidente de la República y utiliza todos los mecanismos, legales e ilegales, para impulsar el juicio en contra del ex presidente.

La persecución de parte de éste Gobierno ocupa varios frentes, el primero es el mediático. El Presidente no escatimina ninguna oportunidad en actos oficiales de condenar al ex Presidente y su Gabinete, sin siquiera haberse dado comienzo al juicio. El Presidente llama a Estados Unidos a “extraditar al genocida”; llama al Poder Judicial (éste hecho mucho más grave por ser una intromisión del Ejecutivo a un órgano transparente que, por ley, no debe ser influenciado en sus decisiones) a declarar culpable a Goni, o a acelerar su juicio; nombra comisiones oficiales del Gobierno de “seguimiento” al juicio; da órdenes expresas al Fiscal General de la Nación que son cumplidas al pie de la letra; da como principal tarea al emabajador de Bolivia en Estados Unidos la “extradición” de Goni y la campaña de difamación contra él en ese país; designa cuatro magistrados de la Corte Suprema a dedo y de forma inconstitucional que son encomendados con la principal tarea de “agilizar” el juicio a Goni, para tal efecto los nuevos magistrados evistas son puestos en las salas penales primera y segunda (las encargadas de los juicios de responsabilidades); azuza a las masas a organizar marchas tales como la que pretendió tomar la Embajada de los Estados Unidos demandando la extradición de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzain (e incumpliendo así su deber ante el derecho internacional de precautelar la seguridad de una embajada extranjera); y un sin fin de actos inconstitucionales, ilegales, y violatorios de los derechos de las personas incluidas en el Código de Procedimiento Penal y la Constitución Política del Estado.

El gobierno de Evo Morales ha violado la independencia y transparencia garantizada por un sinfín de leyes en materias de justicia. A continuación dos de las más importantes que han sido repetidamente violadas en el juicio seguido a Gonzalo Sánchez de Lozada:

El Código de Procedimiento Penal prohíbe expresamente en el Artículo 3°, la intromisión de ninguna persona natural o jurídica y de ningún órgano estatal en un proceso. El Ministerio Público asimismo, debe tener una independencia funcional, está claro que el actual Fiscal General y los Fiscales asignados al caso no son independientes ni actúan de forma independiente y transparente.

El 18 de diciembre del 2006 la Fiscalía General hizo un requerimiento ante la Corte Suprema pidiéndole que declare a los acusados como notificados y en rebeldía. La Corte rechazó este pedido hasta que los acusados sean notificados oficialmente. El 20 de diembre del 2006 Morales nombró a los cuatro magistrados evistas. La designación de los cuatro magistrados evistas fue una de las más claras muestras de intromisión, siendo encomendados públicamente por el Presidente de acelerar los juicios a Sánchez de Lozada y sus ministros. Los cuatro magistrados no tardaron en cumplir las órdenes, siendo asignados a las salas que tratan los juicios. Tan sólo dos semanas después de su designación los magistrados evistas declararon a Sánchez de Lozada y sus ministros como notificados, les quitó el derecho de declarar ante la Corte arguyendo que no la harían, los declaró en rebeldía por no aparecer, aprobó la acusación presentada por el Fiscal General, y ordenó sean arrestados y llevados a Corte. En mayo del 2007 el Tribunal Constitucional cumplió su función y declaró inconstitucional la designación sin aprobación congresal de los magistrados por más de 90 días, cesándolos en sus funciones. El Presidente Morales respondió acusando a los Tribunos de “prevaricato” e iniciándoles Juicios de Responsabilidad. El Tribunal Constitucional se encuentra en estos momentos sin quórum y por lo tanto inoperante. El país se ha quedado sin el órgano encargado de velar por el respeto a la constitución.

Está claro que el juicio seguido e impulsado por este Gobierno a Gozalo Sánchez de Lozada y sus ministros no es más que un linchamiento político. El Gobierno está haciendo en las cortes lo que no pudo hacer en octubre, eliminar al ex Presidente. El Gobierno de Evo Morales no respeta la ley ni la Constitución y así lo ha demostrado en su Gobierno en un sinfín de casos. Es más, el Presidente Morales dijo en una entrevista hace tan sólo unas semanas: "Yo he aprendido que por encima de lo legal esté lo político. Por eso, cuando mis asesores me dicen: 'Evo, lo que estás haciendo es ilegal...' Yo les digo: 'Si es ilegal... ¡háganlo legal! para eso han estudiado". Está claro que los hechos de Octubre 2003 deben ser investigados, y los culpables llevados a la justicia. Sin embargo, las condiciones en Bolivia no están dadas para una investigación transparente, mucho menos para un juicio transparente. La cacería de brujas llevada a cabo por Evo Morales incluye a cinco Presidentes, tribunos del Tribunal Constitucional, y ahora se ha amenazado con llevar a juicio a los vocales de la Corte Electoral.